Legalidad cannabica: Ley Mordaza ¿seguridad ciudadana o castigo al consumo personal?

El próximo 1 de julio se cumplen 10 años desde la entrada en vigor, en el año 2015, de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza. Desde entonces, ha generado un intenso debate social y jurídico. Promulgada por el gobierno en un contexto de tensión política y creciente movilización ciudadana, esta ley trajo consigo una serie de reformas destinadas a reforzar el control sobre el espacio público, con consecuencias directas para el movimiento cannábico y los consumidores en general.

¿Qué cambia con la Ley Mordaza?

Antes de la Ley Mordaza, el consumo de cannabis en espacios públicos ya era una práctica perseguida en ciertos casos, pero su tratamiento era más laxo y dejaba más margen a la interpretación. Con esta nueva ley, se endurece la respuesta frente a la posesión y consumo en lugares públicos, estableciendo:

• Multas de entre 601€ y 30.000€ por posesión o consumo de sustancias consideradas ilegales en la vía pública, parques, vehículos, etc. (art. 36.16).
• Sanciones por plantaciones visibles desde la vía pública, incluso si están en propiedades privadas.
• Multas por actos que fomenten o promuevan el consumo, lo que ha afectado a asociaciones cannábicas y campañas de reducción de daños.

¿Cuál fue el contexto de esta ley?

La Ley Mordaza nace tras el ciclo de protestas sociales como el 15M, las mareas ciudadanas y numerosas movilizaciones contra los recortes. En respuesta, el gobierno de turno propuso esta ley como un instrumento para mantener el orden y reforzar la autoridad policial. Sin embargo, múltiples organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos la denunciaron por limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta.

En el ámbito cannábico, esta ley supuso una regresión en materia de derechos y reducción de riesgos. Lejos de apostar por una regulación responsable, el Estado optó por sancionar económicamente a los usuarios, muchas veces de forma desproporcionada.

Castigar no es prevenir

El problema de fondo es que la Ley Mordaza se enmarca en una política prohibicionista que ignora las estrategias de reducción de riesgos. En lugar de regular, educar y proteger, se castiga, se oculta y se estigmatiza. Esto no solo no reduce el consumo, sino que lo traslada a escenarios más inseguros y desinforma a la población, afectando especialmente a los jóvenes y a los colectivos más vulnerables. Desde la comunidad cannábica es fundamental seguir informando, creando redes de apoyo, y exigiendo una regulación sensata, basada en los derechos, la salud y el respeto a la autonomía personal. La represión no es la solución. La educación, la transparencia y el enfoque sanitario sí lo son.