Argentina, marihuana entre leyes y prejuicios

Argentina se ha convertido en una de las promesas del cannabis en América Latina. Desde la legalización del uso medicinal en 2017, el país ha transitado un proceso de regulación que mezcla avances industriales, reconocimientos de derechos y, al mismo tiempo, contradicciones jurídicas que siguen afectando a miles de personas.

Tres leyes, una planta, muchas realidades.

La situación legal del cannabis en Argentina se sostiene sobre tres marcos normativos clave:

1. La ley penal de estupefacientes (1989): criminaliza el cultivo, la tenencia y el uso no autorizado del cannabis, considerando la planta como un estupefaciente con penas que alcanzan hasta los 15 años de prisión.
   
2. La ley de cannabis medicinal (2017): impulsada por la lucha de madres cultivadoras, permitió el uso terapéutico del cannabis, aunque en sus inicios estaba limitado a productos importados como el “Charlotte’s Web” con CBD aislado.
   
3. La ley de cáñamo industrial (2022): impulsó la creación de la ARICCAME, la agencia que regula la producción industrial, entrega licencias y busca convertir a Argentina en un polo de producción cannabica regional.
   

“Argentina se va a posicionar como líder regional en el cáñamo y el cannabis medicinal”, declaró Francisco Echarren, presidente de ARICCAME.

Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN)

Desde 2020, cuando se puso en funcionamiento el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), se permite a las personas usuarias acceder a permisos para el autocultivo o el cultivo solidario. Esto ha generado un boom de inscripciones que ya supera las 200.000 personas habilitadas legalmente a cultivar cannabis para uso medicinal.

Sin embargo, el uso recreativo continúa en la ilegalidad, y muchas personas siguen siendo criminalizadas. A pesar de la expansión de licencias, la falta de una ley que despenalice completamente el consumo recreativo mantiene un régimen desigual, donde el contexto territorial y social define si el uso de cannabis termina en una multa… o en la cárcel.

Industria e inversión vs. criminalización

La paradoja argentina es clara: mientras el gobierno proyecta exportaciones por 50 millones de dólares en los próximos años, centenares de personas siguen detenidas por cultivar o transportar cannabis. La coexistencia de leyes penales y marcos regulatorios crea zonas grises legales que afectan especialmente a cultivadores solidarios, pacientes sin recursos y consumidores recreativos.