100 Años de prohibición del cannabis en España: una política que ha costado más vidas que el propio consumo

El pasado año 2024 marca un siglo desde que España promulgó la primera ley que prohibió el cannabis, alineándose con las corrientes internacionales de criminalización que empezaban a tomar fuerza en el siglo XX. A lo largo de estos 100 años, la política de prohibición no solo ha fracasado en su objetivo de erradicar el consumo, sino que ha generado consecuencias mucho más letales que el propio uso de la planta.

La prohibición: Un siglo de fracaso

Cuando en 1925 España se sumó a la corriente prohibicionista, el consumo de cannabis era mínimo y principalmente localizado en ciertas regiones con tradiciones históricas. Sin embargo, lejos de disuadir su uso, la criminalización del cannabis creó un mercado ilegal que ha alimentado la violencia, la corrupción y la marginalización de miles de personas.

Según datos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, en España el 36,4% de los adultos han consumido cannabis al menos una vez en su vida, convirtiéndose en uno de los países con mayor prevalencia en Europa. Este dato demuestra que la prohibición no ha tenido el efecto disuasorio que prometía.

Las consecuencias mortales de la prohibición

La guerra contra el cannabis no solo ha sido ineficaz, sino que ha generado daños colaterales que superan con creces los riesgos asociados al propio consumo. Las redadas policiales, las condenas desproporcionadas y el estigma social han destruido vidas y comunidades enteras.

Un estudio de la Universidad de La Laguna reveló que la violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado en un 25% en la última década, afectando especialmente a las zonas más vulnerables. Además, las prisiones españolas están llenas de personas encarceladas por delitos menores relacionados con el cannabis, contribuyendo a la sobrepoblación carcelaria y desviando recursos que podrían destinarse a programas de salud pública.

El coste humano y económico

El impacto económico de la prohibición también es alarmante. El Estado gasta millones de euros anualmente en la persecución del cannabis, mientras que podría generar ingresos significativos mediante su regulación y gravamen. En países como Canadá y Uruguay, donde el cannabis ha sido legalizado, los beneficios fiscales se cuentan en cientos de millones, fondos que se reinvierten en educación y salud.

Además, la falta de regulación ha expuesto a los consumidores a productos adulterados y de baja calidad, aumentando los riesgos para la salud. En contraste, un mercado legal y regulado garantizaría productos seguros y de calidad controlada.

El futuro de la política cannábica en España

A medida que más países avanzan hacia la legalización y regulación del cannabis, España enfrenta la oportunidad de corregir un siglo de políticas fallidas. La evidencia es clara: la prohibición ha fracasado y ha causado más daño que el propio consumo.

Es hora de abrir un debate serio y basado en la evidencia científica y social, que priorice la salud pública, los derechos individuales y la justicia social. La regulación del cannabis no solo es una cuestión de libertad personal, sino una necesidad urgente para reparar el daño causado por 100 años de prohibición injustificada.