En España, los controles de drogas en carretera se han convertido en una auténtica lotería legal. Según un reciente reportaje de ElDiario.es, la misma cantidad de droga en el organismo puede implicar sanción… o no, dependiendo del aparato que utilice la policía y del laboratorio que analice la muestra.
Falta de un criterio único
A diferencia del alcohol, no existe una normativa oficial que fije un límite de concentración para cada droga.
- Cada fabricante de drogotests decide su propio punto de corte.
Ejemplo: un dispositivo SoToxa da negativo con 25 ng/ml de cocaína, mientras que Dräger considera positivo desde 10 ng/ml. - Los laboratorios también tienen criterios distintos.
En 2022, Echavarne marcaba positivo en THC desde 1,12 ng/ml, mientras que Synlab lo hacía desde 2 ng/ml.
Esto provoca que una misma muestra pueda dar positivo o negativo según el aparato y el laboratorio, generando una clara inseguridad jurídica.
Cannabis y la política de “tolerancia cero”
La DGT aplica tolerancia cero: cualquier presencia de THC (aunque sea un metabolito inactivo) puede derivar en multa de 1.000 € y retirada de 6 puntos del carnet.
- El problema es que los metabolitos del cannabis pueden permanecer en el organismo semanas después del consumo, sin que exista afectación real a la conducción.
- Los jueces empiezan a cuestionar esta política. En Murcia, un magistrado anuló una sanción porque la mera presencia de metabolitos no demostraba que la conductora estuviera bajo los efectos de la droga.
¿Qué soluciones se proponen?
Expertos como el ex guardia civil Juan José Ramírez y el abogado Francisco Azorín proponen un modelo similar al de Noruega:
- Límites claros y uniformes para sustancias que afectan a la conducción.
- Diferenciar entre metabolitos activos e inactivos.
- Pruebas con control metrológico y protocolos comunes para evitar arbitrariedad.
En Catalunya, donde históricamente se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia las políticas de drogas, algunas voces del ámbito jurídico, sanitario y asociativo también han planteado soluciones similares. Organizaciones como CatFAC o la Fundación ABD han reclamado:
- Una revisión del régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana, especialmente en relación con el cannabis.
- Protocolos homogéneos de detección y análisis que garanticen fiabilidad y eviten sanciones arbitrarias.
- Formación específica para agentes y jueces en ciencia del cannabis y farmacocinética, para una mejor interpretación de los resultados.
- Y, en el plano político, se han elevado propuestas al Parlament de Catalunya para impulsar cambios legales desde una perspectiva de reducción de daños y derechos civiles, aunque con escaso éxito legislativo hasta la fecha.
Por otro lado, tal como señalamos en otro artículo de nuestro blog sobre las pruebas de detección de THC, los métodos actuales únicamente detectan la presencia de la sustancia, sin evaluar la funcionalidad real del conductor. Esto es especialmente problemático tratándose del cannabis, cuyos metabolitos pueden permanecer semanas en el organismo sin afectar la capacidad de conducir.
Mientras tanto, en países como Estados Unidos, en algunos estados se han implementado pruebas complementarias de coordinación, reflejos y equilibrio, similares a las que se aplican en los controles de alcohol, con el objetivo de evaluar si una persona está realmente incapacitada para conducir, más allá del simple positivo químico.
Además, investigaciones y noticias actuales indican que los controles de droga en carretera que solo analizan la presencia de sustancias son científicamente insuficientes e injustos. Un artículo reciente destaca que las pruebas actuales son “pseudocientíficas”, ya que imitan los métodos diseñados para alcohol sin considerar las diferencias farmacocinéticas del THC, que no refleja necesariamente deterioro real del conductor.
Otros estudios académicos están probando técnicas innovadoras como el seguimiento ocular (eye-tracking), que analiza movimientos oculares para identificar deterioro cognitivo tras el consumo; estos métodos han alcanzado hasta un 89 % de precisión en distinguir estados afectados